Así lo ha reclamado el CERMI en su documento de alegaciones al Anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones, en fase de audiencia pública en estos momentos, a fin de recabar la opinión y parecer de todos los sectores sociales y económicos concernidos.

 

La exclusión de las personas con discapacidad y personas mayores pasa como nunca antes por las dificultades de acceso a las telecomunicaciones, base de la sociedad digital, que se deben a barreras tanto de diseño como de capacidad económica para adquirirlas o contratarlas, además del factor clave del aprendizaje, a través de la alfabetización digital.

 

En este sentido, el CERMI pide la declaración por Ley como universales de buena parte de los servicios de telecomunicaciones, para asegurar que llegan a todas las personas y territorios, en especial el medio rural. También que el coste de adquisición no sea un obstáculo para su uso y disfrute por parte de los grupos sociales en riesgo, que deben disponer de ventajas y exenciones tarifarias, que atenúen la brecha económica.